El derecho frente al poder

El pasado 3 de enero, EE. UU. realizó una intervención militar en Venezuela dando como resultado la captura de Nicolás Maduro. En medios de comunicación y redes sociales se ha hablado (lastimosamente con muy poca rigurosidad conceptual) de la legitimidad de la acción militar, los móviles económicos de la intervención, o las repercusiones geopolíticas que vendrán para América Latina. Un análisis completo no podría reducirse a una columna de opinión. Sin embargo, más allá de lo jurídico o lo económico, hay una cuestión política inescindible: ¿puede un Estado, cualquiera que este sea, ejercer el monopolio de la fuerza de manera desproporcionada inclusive para fines altruistas? O, en su defecto, por más loable que sea el fin, ¿debe limitarse su actuar a través de normas, reglas y procedimientos?

Max Weber, uno de los padres de la sociología, pensaba que una de las características centrales del Estado moderno es el monopolio de la fuerza (también llamado monopolio de la violencia). El Estado, y solamente él, se encuentra legitimado para ejercer coercitivamente su poder a través de las leyes, las sanciones, los impuestos, las armas, etc. Esto garantiza, por un lado, que los ciudadanos se subordinen a las normas que regulan la vida en sociedad y, en caso de incumplimiento, que los pueda sancionar; por el otro, que las instituciones en las que se fundamenta el Estado tengan una vocación de perpetuidad, esto es, que se prolonguen en el tiempo y doten de certidumbre las relaciones de los diversos actores políticos y metapolíticos.

Pero la violencia, no solo es un aspecto esencial del Estado. Ha sido el motor de las mayores conquistas políticas y jurídicas del mundo actual. Difícilmente tendríamos derechos humanos si cientos de revolucionarios norteamericanos no se hubiesen sublevado ante el Imperio británico; o si los franceses no hubieran concebido una sociedad diferente a la monárquica, absolutista y despótica de Luis XVI. De igual manera, en el caso latinoamericano, difícilmente tendríamos instituciones republicanas y democráticas si los próceres de la independencia no hubiesen imaginado naciones libres del yugo español. En definitiva, esos grandes logros que hoy en día caracterizan el Estado de derecho (los derechos humanos, las instituciones democráticas, la separación de poderes, la representación democrática, entre muchos otros), no hubiesen sido posibles sin sangre y fuego.

Ahora bien, esas conquistas, a pesar de que nacieron con ocasión de la violencia, son las mismas que ponen límites al poder político. En vez de matarnos para imponer una mirada hegemónica del mundo, hemos diseñado sistemas democráticos para resolver nuestras diferencias, llegar a algunos acuerdos, y más importante aún, deliberar en torno al bien común. Cambiamos las armas por los argumentos, precisamente, porque sabemos (y en ocasiones, vivimos) lo complejo, abyecto y deshumanizante de los conflictos armados. El derecho internacional, precisamente, es un ejemplo de ello. Un intento (muchas veces idílico) de las naciones del mundo por equilibrar el poder mundial y buscar soluciones a nuestros problemas comunes.

La incursión militar de EE. UU. en Venezuela es un síntoma de que las instituciones globales son obsolescentes. Por más benévolas que sean las intenciones (derrocar a un tirano, recuperar la democracia, proteger los derechos de los ciudadanos, etc.), el uso discriminado de la fuerza por fuera de las normas que lo regulan es un acto extremadamente peligroso para la convivencia pacífica del mundo. Hoy se trata de un dictador proclamado, pero mañana puede ser un gobierno democrático o una nación pacífica. Por ello, es necesario crear un nuevo modelo que corrija los desequilibrios de poder entre los Estados, máxime, cuando el sistema internacional ha concedido enormes ventajas a algunos de ellos (EE. UU., Rusia, Chinca, Francia y Reino Unido), mientras otros, la mayoría, no son tenidos en cuenta realmente para la toma de decisiones.

De no ser así, seríamos testigos de la postrimería del derecho internacional y sus instituciones mundiales, si es que no han fenecido ya. En otras palabras, sería el regreso al «estado de naturaleza» hobbesiano en donde cada uno de los actores actúa para satisfacer sus propios intereses, sin ninguna consideración por los demás y, ante todo, sin ningún tipo de control. Sabemos que la instrumentalización del derecho para ejercer un poder indiscriminado ha derivado en guerras mundiales, exterminios de pueblos y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Ese es el reto mayúsculo de este siglo: pasar de la entelequia del cumplimiento de las reglas, valores y principios fundantes del sistema internacional, a su verdadera materialización.

Recomendado de fin de semana: el nombre de esta columna proviene de uno de los mejores textos de teoría constitucional editado en el país, escrito por los profesores Juan Fernando Jaramillo, Mauricio García Villegas, Andrés Abel Rodríguez y Rodrigo Uprimny y publicado por la Universidad Nacional. Lectura obligada en estos tiempos inciertos.